Los periodistas y el poder

Por Juan Francisco Gómez
A veces puede ser distante, a veces puede ser muy cercana, a veces puede ser simplemente cordial; sin embargo, es un hecho que la relación entre los periodistas y el gobierno nunca es objetiva. Esta falta de objetividad, que en muchos casos obedece a la opinión de los altos mandos de los medios de comunicación, es lo que ha determinado ciertas realidades. Así, los medios de comunicación pueden ser excesivamente complacientes con los gobiernos a los que apoyan, incluso hasta el extremo de omitir todos los errores del gobierno, como sucedió con el caso de Carlos Menem en Argentina o en menor proporción Alberto Fujimori en el Perú. Halperin (2007) incluso relata la curiosa anécdota del momento en que el expresidente José María Aznar telefoneó al diario El Mundo para pedirles que dijeran que los responsables del atentado de la estación de Atocha eran militantes de Eta.
Contrariamente, cuando los medios de comunicación se alzan contra los gobiernos, se desata una guerra de incomparables proporciones, que llega hasta el punto de destruir carreras, familias y hasta vidas, Hugo Chavez en Venezuela y Carlos Salinas de Gortari en México son solo dos ejemplos de este tipo de relaciones. Actualmente se han visto quejas de parte de varias ONG’s y asociaciones de periodistas que son asesinados por haber expuesto cosas que no deberían de haber expuesto.
¿A que se deben este tipo de relaciones y es realmente negativo que haya enfrentamiento entre gobierno y prensa? Este humilde pensador tendería a creer que no, la posibilidad de diferir del gobierno es uno de los pilares fundamentales de la democracia, y por ende un control de la prensa hacia el gobierno ayuda a que haya transparencia. Y la prensa debe denunciar aquello que no está bien, no es este un intento por investir al periodismo de una función social que no necesariamente debe tener, pero es más saludable para la sociedad tener una prensa distanciada del gobierno como para identificar sus falencias, y lo suficientemente cercana para identificar aciertos ayuda a que la opinión pública pueda tener una visión más clara de la realidad que la rodea.
Ahora, si el periodista denuncia aquello que no está bien, muchas veces termina siendo silenciado, ya sea porque no publican su noticia o porque se utilizan medios más “políticos” para silenciarlos.
Y es acá donde se ve realmente la relación entre periodismo y poder, en donde el poder se ejerce más fieramente contra el periodista. Desde un punto de vista comunicacional esto es negativo, sin embargo, no lo es realmente. La necesidad de acallar periodistas se ha debido fundamentalmente a las razones de Estado en los países avanzados y a la falta de ese mismo Estado en los países subdesarrollados.
Nicolás de Maquiavelo fue el primero en acuñar el concepto de razones de Estado. Es decir cierta información que es necesario mantener en secreto por el bien y la paz de la sociedad. Esta información puede ser buena o mala, sin embargo, puede alterar completamente a la sociedad si llegase a ser divulgada. Cuando un periodista obtiene información que puede ser catalogada dentro del concepto de razones de Estado, legales o no legales, el Estado se ve obligado a actuar contra ese periodista.
Actualmente, es muy raro en los países del primer mundo que se acalle al periodista por medio de la violencia, generalmente es menos engorrosa la maquinaria institucional, hablar con el dueño, presidente y/o editor del periódico para que la noticia no sea publicada. En otros casos se utiliza la ley, argumentando la violación de algún derecho, calumnias o injurias se puede acallar al periodista; bastante ilustrativo resulta el caso de Judith Miller del New York Times y Matthew Cooper de Time, quienes fueron condenados por revelar que la esposa del funcionario Joseph C. Wilson era una espía, después de que este dijera en la prensa que no había armas de destrucción masiva en Irak.
En el caso de los países en vías de desarrollo, América Latina para nuestros efectos, los gobiernos no son tan institucionales y en muchos casos prefieren recurrir a las amenazas, despidos y hasta asesinatos para silenciar la información que no se quiere ser publicada. La estrategia institucional más corriente es la negación de recursos publicitarios por parte del gobierno para los medios que lo ataquen. Las razones de esta diferencia se deben principalmente al subdesarrollo. En los países de América Latina, el poder el Estado no alcanza a cubrir todo el territorio nacional, y hay una gran impunidad. El Estado no se puede regular a si mismo, por ende acudir a los mecanismos institucionales para silenciar periodistas no es tan efectivo como en los países industrializados.
Por ende, se acude a otros medios menos escrupulosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas razones para buscar el silenciamiento de un periodista se alejan de las famosas razones de Estado. La información que el periodista puede divulgar, tal vez no ponga en peligro a la sociedad, pero si al gobierno, en países en donde no hay regulación, el gobierno puede llevar a cabo acciones que no van encaminadas a un mejoramiento social como a un mejoramiento de los intereses particulares de los políticos.
Es importante aclarar entonces que no es posible impedir que se acalle cierta información por medios legales. Si eso pasara, el poder ya no sería poder y eso es imposible. La cuestión se encamina más hacia impedir que ese uso de poder llegue a resultar, de manera directa o indirecta, en ataques a la integridad física, psicológica o moral de los periodistas, es decir que el gobierno se limite a acallar información por medio del movimiento de influencias dentro del periódico o por medio de la ley. Esto quiere decir que aquella utopía de un Estado que pueda controlar todas sus instituciones, incluyendo al gobierno, es la única manera de llegar hasta ese asunto, pero esto ya es otra materia.